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Tagoror Achinech Asociación Socio-Cultural |
Las torres de alta tensión paralelas a la autopista del sur aún no tienen licencia de puesta en marcha.
La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, ha comunicado a Tagoror Achinech, que una de las justificaciones por la que ha emitido la resolución 1784, autorizando la puesta en marcha de las turbinas, es debido a que la línea de alta tensión que une la central térmica de Granadilla y la subestación de Los Vallitos, aun carece de licencia de puesta en marcha, por lo que no puede transportar la energía eléctrica para suministrar la demanda de esa parte de la isla.
La justificación se completa alegando que los trabajos para la adaptación de la subestación de Los Vallitos, en Adeje, no han concluido y, por lo tanto no puede ser receptora de la energía que debería transportar la línea de alta tensión. Sin embargo la Viceconsejería de Medio Ambiente, según resolución número 426, de fecha 13 de octubre de 2008, otorga Autorización Ambiental Integrada para la instalación de dos turbinas, similares a las instaladas en Chío, a ubicarse en la subestación de Los Vallitos, que obviamente no podrán instalarse por no estar habilitada dicha subestación, demostrando el despropósito e incoherencia del Gobierno de Canarias en otorgar licencias, que técnicamente no pueden ejecutarse.
Para Tagoror Achinech, el hecho de que la línea de alta tensión del sur, aún carezca de licencia de puesta en marcha es calificada como un insulto a la ciudadanía y, un desprecio a los usuarios de la energía, pues en 2002, la compañía eléctrica, realizó cortes selectivos para impulsar la instalación de una línea de alta tensión, por los montes de Vilaflor y, después de que el pueblo les pusiera en su sitio, plasmaron su venganza con el impacto visual de las monstruosas torres, paralelas a la autopista TF1, que casi un década más tarde no han comenzado a ser utilizadas para el fin que pretendían.
El colectivo social que lleva la lucha contra las instalaciones de las turbinas, asevera que esto es debido a que las administraciones públicas son sumisas a los intereses de la multinacional energética, desoyendo la voz del pueblo y, despreciando el interés general.