Un estado de derecho que no respeta los derechos de la ciudadanía

Quién se atreva a afirmar que disfrutamos de un sistema democrático anda despistado o bien pertenece al sector que vive gustosamente a la sombra del régimen totalitario, que detrás de un disfraz carnavalesco oculta su propia intencionalidad.

Hace poco tiempo a los que tenían la “desdicha” de no nacer en esta isla fueron identificados por la policía local para acusarlos de “canariones infiltrados”, llegando a “castigar” a alguno de ellos con sanciones económicas durante una manifestación pacifica por las calles de la capital chicharrera, reclamando y protestando por lo que consideraban sus derechos, llegando a utilizar el poder mediático para hacer llegar al conjunto de la población que los “alborotadores” carecían de razón ya que la única verdad se esconde en los que imponen el “ordeno y mando”.

El movimiento social contra el proyecto del puerto de Granadilla, ha supuesto la mayor movilización, en el tiempo, que ha conocido Canarias, no sin que los defensores de este disparate hayan empleado lindeces hacia los detractores, como “golpistas civiles, terroristas sociales, falsos ecologistas, etc”, sin que hayan sido capaces, como en el resto de las luchas sociales, de debatir, argumentar, dialogar… con el fin de llegar a entendimientos y consensos, porque para esta gente el dialogo no es parte del ejercicio de la política.

El derecho a la libertad de expresión fue fulminantemente erradicada con despidos disciplinarios de periodistas y funcionarios, manteniendo el sistema de inquisición permanente para que no se “desmadre” nadie e, impulsar que todos permanezcamos bajo la ignorancia y el pensamiento único

Esquirolismo institucional como el sufrido por los trabajadores del servicio de limpieza de Adeje ante el derecho fundamental de huelga; persecuciones policiales a los “revoltosos” de Guía de Isora por oponerse a instalaciones perjudiciales o, a las ordenanzas municipales durante su exposición pública; encierros en centros académicos a los profesores por “tener la osadía” de celebrar una asamblea permanente, son actos llevados a cabo en estos últimos tiempos en esta isla.

Incluso durante las etapas de mayor represión, han sido los estudiantes y, las universidades en su conjunto, quienes han levantado la voz para denunciar los atropellos que estimaban se estaban cometiendo a la sociedad, movimientos estudiantiles que intentaron placar con un reglamento disciplinario creado en 1954, ya que en esa época y, por lo visto en la actual, se gobernaba y gobierna con palo largo y mano dura, o al menos se pretende.

La sociedad permanece ajena y silenciosa ante unos hechos que parecen lejanos en el tiempo, pero conviven con nosotros diariamente, sin inmutarse cuando se le abre expediente de expulsión a un joven estudiante universitario, por haberse manifestado contra lo que considera vulneración de los derechos de los alumnos, aplicando el reglamento disciplinario creado al efecto de aplacar voces discrepantes en el año del señor de 1954. Reglamento que bien han aplicado los que buscaban la legitimidad de la ley de vagos y maleantes.

Casi el mismo tiempo ha transcurrido desde la muerte del dictador, que el hospedaje en el palacio del Pardo del susodicho, sin que los legisladores actuales hayan erradicado, modificado o, adaptado la legislación que mantuvo a raya a la población durante ese periodo negro de nuestra historia, escenificando el uso de estas normativas para dejar claro que en este presunto estado de derecho no hay derechos.

Toño Linares